Qué se discute de la reforma migratoria en el Comité Judicial del Senado

La reforma migratoria y los antecedentes penales

La reforma y los antecedentes penales

Immigration reform and background checks

Más de once millones de indocumentados tendrán que demostrar que no han cometido del...

Over eleven million undocumented immigrants will have to demonstrate that they never c...

Temp. Season 2013 | Epi. Ep. 130424 | 04/24/13 | 02:12  | TV-G
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Más de once millones de indocumentados tendrán que demostrar que no han cometido delitos ni representan una amenaza a la seguridad del país.
Ep. 130424 | 04/24/13 | 02:12 Disponible hasta 04/24/13
Univision

Debate se centra en la seguridad fronteriza y los requisitos para la legalización de indocumentados


El debate de la reforma migratoria avanza en el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. El anteproyecto elaborado por el Grupo de los Ocho, de 844 páginas, incluye un camino a la legalización para de millones de indocumentados.

El texto de la reforma migratoria.

Para abrir la ruta que sacará a los sin papeles de las sombras, el Grupo de los Ocho puso varios requisitos, entre ellos asegurar que se detiene a 9 de cada 10 indocumentados en zonas de alto riesgo y el 100 por ciento en el resto de la frontera con México.

La reforma migratoria en español.

También exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregue una estrategia que, una vez aprobada, permitirá abrir el camino a la ciudadanía para los indocumentados. La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, dijo el martes que la dependencia que dirige puede cumplir estas exigencias en el plazo de un año y defendió el plan del Grupo de los Ocho.

Infografía: El plan del Grupo de los Ocho.

Los archivos de la USCIS


Pero no sólo de seguridad fronteriza se ha hablado en las audiencias. Otros temas de interés nacional también han sido abordados por los miembros del Comité Judicial presidido por el senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont), entre ellos acelerar el tiempo de espera de un archivo de inmigración conocido como FOIA.

Infografía: Dos caminos, con y sin ciudadanía.

Actualmente el proceso toma unos ocho meses, explicó a Univision el abogado Ezequiel Hernández. Dijo que en las audiencias el comité le pide al DHS que agilice el proceso y que ello irá en beneficio del inmigrante que califique para legalizar su permanencia en Estados Unidos, teniendo en cuenta que si se aprueba la reforma, millones de indocumentados solicitarán sus archivos migratorios.

Infografía: Perfil de un soñador.

El FOIA (Freedom of Information Act, Ley de Libertad de Información) fue promulgado por el Congreso en 1966 e incluye o aplica para los archivos del servicio de inmigración estadounidense. Cualquier persona, entre elos residentes o ciudadanos pueden pedir una copia de sus casos a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Infografía: Los latinos de Estados Unidos.

La agencia federal explica en su página digital que cuenta con un servicio automatizado para procesar solicitudes FOIA y que utiliza una base de datos automatizada para gestionar las peticiones.

Otros temas

Además del FOIA, en las audiencias del Comité Judicial del Senado se trató el requisito del “pago de impuestos” como una de las condiciones para calificar a la legalización de la permanencia en Estados Unidos. “El echo de que ellos mismos (el panel) no saben qué exactamente significa o qué quiere decir "pagar impuestos" para aquellos que califiquen para la reforma, la Secretaria Napolitano le pide al Panel que clarifique. Esto es importantísimo”, apuntó Hernández.

Además del pago de impuestos o los impuestos al día, los indocumentados para calificar al camino de la legalización deben demostrar que se encontraban en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 y carecer de antecedentes penales.

Una vez cumplidos los requisitos estipulados por el Grupo de los Ocho, los indocumentados entrarían en un estado denominado Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés), el que tendrá una duración de 10 años. Al término de ese plazo deberán probar nuevamente que carecen de antecedentes penales antes de pedir la residencia permanente, tarjeta verde o green card.

Deportados y reunificación

Otros de los temas que debate el Comité Judicial se relaciona con la clasificación de personas que han reingresado al país después de una salida y la recomendación de contratar a 3,500 nuevos agentes fronterizos.

También se comentó mejorar el programa "streamline", “el cual criminaliza de manera federal aquellos indocumentados deportados de Estados Unidos que reingresan sin permiso, y si ellos podrán solicitar los beneficios de la reforma migratoria.

Hernández reiteró que el anteproyecto de reforma del Grupo de los Ocho incluye como candidatos a personas deportadas que están fuera de Estados Unidos, siempre y cuando demuestren que radicaron en el país antes del 31 de diciembre de 2011 y fueron deportados (o con salida voluntaria) y la deportación no fue a consecuencia de un crimen y son esposos o padres o hijos de un ciudadano o residente legal o si la persona es un dreamer.

“También incluye a personas dentro de Estados Unidos en proceso de deportación”, agregó.

Más debates

En las audiencias que lleva a cabo el Comité Judicial, la Senadora Mazie Hirono (demócrata de Hawai), dijo que apoya la integración de hermanos de ciudadanos y parejas gay, y solicitó que las mujeres tengan la igualdad de derechos bajo la reforma migratoria.

A su vez el Senador Jeff Flake (republicano de Arizona), uno de los integrantes del Grupo de los Ocho, dijo que el plan otorga los recursos necesarios para poder alcanzar el 90% de la eficiencia de inmigración en los puntos críticos de la frontera, un requisito clave para abrir el camino a la legalización de millones de indocumentados.

Del robo de identidad, indicó que se busca enfrentar con tecnología pidiéndole a la División de Motores y Vehículos (DMV) que implementen sus récords con el del servicio de inmigración, explicó Hernández.

Del tema de la verificación de empleo, el Senador Al Franken (demócrata de Minnesota) mostró preocupación por el sistema de rastreo conocido como E-Verify y mencionó que la herramienta contenía errores. Napolitano explicó que una persona se puede chequear a si mismo y que los errores han disminuido (las dificultades han sido corregidas).

“El plan del Grupo de los Ocho busca que el E-Verify (la verificación de empleo de los trabajadores) sea implementada de forma obligatoria”, apuntó Hernández.

Futuro inmediato

Una vez el Comité Judicial finalice las audiencias, votará si aprueba el anteproyecto. Si lo hace, lo envía al pleno del Senado quien lo debatiría en junio.

De conseguir 60 de los 100 votos, el Senado -controlado los demócratas con 53 escaños- enviará el proyecto de ley a la Cámara de Representantes.

El Comité Judicial de la Cámara seguirá el mismo camino que su par del Senado. Una vez apruebe un anteproyecto –que puede ser el mismo del senado o uno elaborado por representantes de esa instancia-, lo enviará al pleno que lo debatiría al comienzo del verano.

Si la Cámara de Representantes aprueba una versión distinta a la del Senado, será convocado el Comité de Conferencia que armonizará ambos proyectos de ley. Una vez finalice el trabajo, enviará la versión final a la firma del presidente, quien la promulgará o vetará según estime conveniente.

Una vez firmada por el mandatario se convierte en ley.